Marzo es un mes de comienzos: del año escolar y de un nuevo ciclo político. Mientras miles de niños, niñas y adolescentes regresan a clases, el país retoma una discusión permanente sobre cómo enfrentar la inseguridad y contener el avance de fenómenos delictivos más complejos. Esta coincidencia nos insta a preguntarnos si estamos abordando correctamente el problema.
El debate público tiende a concentrarse comprensiblemente en la persecución penal, la estrategia policial y la capacidad carcelaria. Sin embargo, la seguridad no comienza en el sistema penal, sino mucho antes. Comienza en la trayectoria social y educativa de niños, niñas y adolescentes. Este es un diagnóstico estructural que el debate suele omitir.
La escuela es una de las principales infraestructuras de cohesión social. No sólo transmite contenidos, también es un espacio de socialización en la que se establecen límites, desarrollan habilidades socioemocionales y se conecta a los estudiantes con redes institucionales. Cuando funciona adecuadamente, es un factor de protección frente a la exclusión y la captación por economías ilícitas.
La evidencia internacional ofrece aprendizajes relevantes: intervenciones tempranas pueden generar retornos fiscales positivos al reducir gastos futuros en justicia penal, encarcelamiento y victimización.
Persistir en un enfoque predominantemente reactivo tiene costos. Supone enfrentar el delito cuando las trayectorias ya han iniciado, con mayor dificultad de reinserción y mayor probabilidad de reincidencia.
Plantear la prevención como antagónica a las estrategias de control es un error. La discusión estratégica debiera desplazarse desde “cómo reaccionamos mejor” hacia “cómo reducimos sostenidamente la entrada al sistema penal”. Esta pregunta no es retórica, es una cuestión de diseño de política pública que exige coordinación efectiva entre educación, desarrollo social, salud, municipios y sistema de justicia.
Entonces, si aspiramos a fortalecer el rol protector de las escuelas, debemos avanzar en un sistema de alerta temprana de desvinculación y riesgo social, con interoperabilidad efectiva entre ministerios y gobiernos locales, con el fin de asegurar la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes. La experiencia comparada indica que intervenciones escolares estructuradas reducen violencia, mejoran el clima educativo y disminuyen conductas de riesgo. Desde una perspectiva fiscal, la inversión temprana es considerablemente menos costosa que la respuesta penal que siempre será tardía.
Cada marzo se abren las puertas a una oportunidad estratégica en la que se juega una parte sustantiva del futuro de nuestra convivencia y la posibilidad de evitar que nuevas generaciones ingresen a trayectorias delictivas. La evidencia es clara, la seguridad comienza antes que el sistema penal.
Gayle MacLean
Directora Justicia y Prevención de Fundación Paz Ciudadana.
“Esta noticia ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de Fundación Casa de la Paz y Fundación Paz Ciudadana, y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea”.